Encuestas y reformas. Sobre lo electoral

 Hoy finaliza la segunda entrega de las encuestas que ha elaborado 40dB para El País. Una entrega mensual que dará acceso abierto a los microdatos de la misma para poder conocer en profundidad las preguntas, respuestas y porcentajes en pro de la transparencia. Únicamente el CIS está obligado a la publicación de los microdatos de sus barómetros.

No podemos obviar que la sociedad española actual demanda cambios más profundos que permitan recuperar el prestigio de las instituciones y una mayor vinculación de los ciudadanos con las decisiones políticas.

Las fake news, la tergiversación de las noticias y la necesidad de una reforma de la LOREG -­la cual hace más de treinta i cinco años desde la primera regulación-, abre un debate para abordar todas aquellas limitaciones que suelen darse en aquellos países que afrontan la reforma electoral como solución a la percepción de la ciudadanía como un desprestigio de la política.

El principio que debería inspirar la reforma que se propone es la mejora de la calidad democrática. Este principio, que puede considerarse difuso, se liga a una mejora en el ejercicio democrático de los partidos políticos, a un incremento de la transparencia y al fomento de la participación electoral. De hecho, este jueves se reúne la Subcomisión para la reforma de la Ley Orgánica 5/1985, de 19 de junio, del Régimen Electoral General (154/8), que compete a la comisión Constitucional para informar sobre la regulación del ejercicio del voto por los españoles que viven en el extranjero. En todo caso, se necesita una reforma más integral.

Resulta crucial en un momento en el que aumenta la desafección hacia la política, y ello exige allanar los obstáculos que impiden el efectivo ejercicio de los derechos fundamentales por parte de los ciudadanos, entre los que se encuentra el de participación en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes, libremente elegidos en elecciones periódicas por sufragio universal, tal como recoge el artículo 23.1 de nuestra Constitución.

No puede ser que los bulos informativos, la prohibición de encuestas días antes de elecciones, la obligatoriedad de los debates entre candidatos, el reparto de escaños o el voto rogado, entre muchos otros, continúen dando opacidad a la ley electoral.

Respecto al voto rogado, como ya comenté en este artículo, la vigente legislatura (XIV) del Congreso de los Diputados abordó al fin la problemática en el seno parlamentario a principios de 2021, logrando la unanimidad de la cámara baja para iniciar la eliminación del sistema de voto rogado aplicable a los residentes en el extranjero y la implementación de alternativas de voto a través de vías telemáticas que agilicen y garanticen el derecho a voto, suponiendo este un avance importante en la recuperación del derecho al sufragio activo.

Al fin y al cabo, la sociedad es líquida, cambiante y cada vez más globalizada, libre de poder elegir el lugar para trabajar y para vivir, pero ahora también pudiendo vivir a miles de kilómetros del trabajo, de modo que la actualización del sistema administrativo y gubernamental debe ir acorde con los derechos y obligaciones de estos.

En todo caso, la publicación de encuestas de manera periódica, con pleno acceso a los microdatos, y a poco menos de dos años de las próximas elecciones generales, resultan siempre herramientas útiles para evaluar los sondeos y el dibujo que puede -cada vez más ingobernable sin una cultura de coalición- ofrecer el parlamento y el nuevo ejecutivo. También el ánimo reformista debería no ser una novedad, ni que este se diluyera entre legislaturas acordándose únicamente en periodo electoral. De lo contrario, la transparencia estará en jaque.