Contra las elecciones

Pasados unos días del show urgente del ex-Govern por proclamar la “República” y de la respuesta del Gobierno por la aplicación del artículo 155CE, nos encontramos después de mucho tiempo ante un escenario no tan difuso e incierto como el de hasta ahora, dado que al menos sabemos que hay una fecha fijada para los comicios autonómicos: el 21 de diciembre.

Si bien es cierto que no es la solución más propicia, teniendo en cuenta los últimos sondeos y la probabilidad de repetir unos resultados similares a los de 2015, se ha convertido en la única alternativa para evitar seguir cruzando la línea del no retorno.

Ante esta paradoja nos encontramos con dos dilemas. El primero de ellos será ver cómo afronta el bloque independentista el término electoral. En este caso será muy importante ver como los partidos separatistas explican, de nuevo, a su electorado que se presentarán a las últimas elecciones autonómicas antes de ser independientes. Y es que como ya van anunciando miembros de este sector, “vamos a tiempos difíciles”.

Asimismo, será interesante conocer cómo vuelven a convencer de nuevo a sus votantes de que estas elecciones sí que sí, y que aún y cumpliendo su hoja de ruta –aunque sin efectos jurídicos– les deben depositar nuevamente su confianza, sin garantías de nada como han podido comprobar.

Empero, juegan con tener movilizados a un amplio número de personas que saben que si se les llama a votar, irán, ya que la victoria moral que logró el ex-Govern con los sucesos del 1-0 y las actuaciones policiales no hizo otra cosa que reavivar a esta masa que aparentemente se estaba enfriando, lo que además sirvió para dar las gracias a Rajoy de librar a los partidos independentistas del fracaso de otro 9-N, pudiéndolo canalizar por otro lado el sentido de ese referéndum ilegal.

Lo vendan como lo vendan, la no participación en las próximas elecciones autonómicas de los partidos secesionistas no puede darse, puesto que un boicot supondría un coste electoral altísimo y la pérdida de una oportunidad para este sector para mantener viva la llama en lugar de pasar a un segundo plano como reflejan los sondeos con el declive al apoyo independentista. Por contrapuesto, la otra solución sería mantener el perfil y no presentarse a las elecciones, pasando a un escenario más activista en las calles, que si bien podría hacer mucho daño en términos de carencias representativas, no sería la lógica más racional, dado que para este marco ya existen organizaciones como la ANC o Òmnium Cultural, a las que sólo se podría incorporar bajo un formato más radical la CUP con la apuesta del retorno a “la clandestinidad”. Sin embargo, si son listos en términos de réditos electorales, no les convendría aislarse del parlamento.

Lo que sí está claro es que Junts Pel Sí ya es historia, y que aunque haya tiempo hasta el 7 de noviembre para la presentación de listas conjuntas, si quieren mantener algo de coherencia, ERC no debería recurrir nuevamente a una coalición si no va Junqueras como número uno y no fijan una estrategia más polarizada para beneficiarse de la sobrerrepresentación que proporciona el sistema electoral en territorios independentistas como Girona o Lleida, como recuerda Bartomeus en su artículo de debò que això se soluciona votant?

El segundo dilema que me planteo responde al otro bloque, el llamado sector unionista. Estos tienen la oportunidad de formar un gobierno no nacionalista, que abogue por una solución en la que se revierta el debate del monotema y se centre por volver a tratar políticas que engloben a todos los ciudadanos. En cualquier caso, no se debe olvidar que en los pasados comicios de 2015, esa mayoría silenciosa de las calles no resultaron serlo en las urnas en tanto que la clave plebiscitaria en que se plantearon las elecciones, el sector unionista ganó con el 51,7% en votos frente al 47,7% de los votos independentistas.  Ello no debe dar por hecho una nueva victoria, y más aún si los partidos independentistas plantean no reconocer estos comicios autonómicos, ya que es igual de importante asegurar la importancia de movilizar al sector constitucionalista como de que el Gobierno de España implique al bloque independentista para asegurar unas elecciones que realmente ilustren la representación de ambos sectores. No se puede obrar aislar ni obrar contra una parte del pueblo de Cataluña, y mucho menos hablar en nombre de su conjunto.

De todos modos, ahora el impasse no puede ser otro que el de esperar a ver qué nuevo discurso arman los independentistas para excusarse ante sus votantes bajo algún eslogan como el de “recuperar la Generalitat”, y a que el bando unionista recuerde la restricción de derechos que han tenido como el cierre del Parlament, la restricción parlamentaria de la oposición, el atentado contra la legalidad y el marco constitucional y la fractura social que han promovido las asociaciones separatistas en sus manifestaciones “pacíficas” para justificar la necesidad de que sus afines acudan a los comicios.

Por lo tanto, sólo queda esperar a las fechas clave para ver como avanzan los acontecimientos e ir planificando las estrategias de campaña. Sin embargo, independientemente del resultado en que culmine el 21D, quedará un amplio espacio para la decepción y la frustración que tardará muchas legislaturas en ser suplida, si es que no se vuelve de nuevo al punto de partida.