¿Cómo hay que entender la idea de autogobierno en democracia? ¿Qué papel juegan los ciudadanos?

Antes de todo, se debe entender que a diferencia del modelo de democracia directa que se daba en las antiguas ciudades-estado, donde aquellos que tenían el “status” de ciudadanos participaban en los órganos de decisión de la cosa pública, las democracias representativas se construyen como un modelo de designación directa de representantes sobre los cuales se delega la capacidad de ordenar y dirigir las decisiones en los asuntos públicos. En los sistemas representativos, los gobernantes no están obligados a ejercer la voluntad del pueblo –no existe mandato imperativo– sino que en palabras de recogiendo las palabras de Madison, “el sistema sirve para oponerse a las pasiones desordenadas y efímeras del pueblo” (Madison, 1987). Aunque la afirmación resulta elitista, en mi opinión se puede sobrentender que Madison entiende que la democracia representativa puede ayudar a canalizar en la medida en que no existe mandato imperativo y que el propio sistema de elección de los representantes/gobernantes crea una distancia entre estos primeros y los gobernados. 

Debemos entender que el sistema representativo fundamenta su legitimidad en el consentimiento dado para la gestión de la res públicaa través de las elecciones que se realizan periódicamente.  Por lo tanto y, a modo de síntesis, podemos entender como autogobierno la representación que ejerce el gobernante o representante político una vez los ciudadanos, previa designación a través de su voto, lo facultan para intentar influir en decisiones que se toman en las instituciones habilitadas para gestionar los problemas públicos.

En cuanto al papel de los ciudadanos en los gobiernos representativos existen varios. En primer lugar, el principal es el de designar a los ciudadanos que conformarán la asamblea y tendrán como ocupación la cosa pública. A su vez, de la misma manera que los ciudadanos tienen el poder de elegir a los gobernantes, estos tienen la potestad de quitarlos si los mismos no han satisfecho sus expectativas. Es decir, que los ciudadanos tienen en cuenta una visión retrospectiva de los mismos sucesos para valorar si deben, o no, volver a elegir a los gobernantes, de modo que estos últimos deben tener en cuenta sus acciones si quieren volver a ser reelegidos.

Y, en segundo lugar, se garantiza la libertad de los gobernados para que estos puedan informarse sobre las cuestiones políticas. En la medida en que se posibilita la transparencia en la toma de decisiones y la libertad de opinión, los gobernados gozan de la capacidad de valorar en función de los datos y los argumentos que se vuelquen sobre la opinión pública para que de esta manera puedan valorar la acción de sus representantes y poder valorar si los mismos han colmado sus expectativas.